La Confederación General del Trabajo (CGT) considera que la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber de los empresarios y de la Administración. La quiebra de este deber de protección se produjo desde el momento en que las administraciones públicas hicieron saltar por los aires las legislaciones laborales que protegían los derechos de las personas trabajadoras, y nos entregaron a los empresarios como “carne de cañón” para la batalla de su competitividad y mejora de resultados.