Con la aprobación de la “ley mordaza” el Gobierno y el PP retrasan el reloj a la década de los cincuenta del siglo pasado, a la legislación franquista, y da una patada en la boca al pueblo al consagrar que cualquier persona que disienta de sus leyes, utilizadas como armas de destrucción masiva de derechos y libertades, es su enemiga y se convierte en “enemiga o enemigo público número 1”.