CGT basa su denuncia en la información periodística de las últimas semanas que pone en evidencia la forma en que se fraccionaban contratos para, supuestamente, evitar la licitación pública, y adjudicar a dedo a un empresario, que realizó obras para un consejero y un alto directivo del Tribunal; así como el presunto “enchufismo” en la selección de personal del organismo público que fiscaliza las cuentas de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos.