tribunal de cuentas

CGT basa su denuncia en la información periodística de las últimas semanas que pone en evidencia la forma en que se fraccionaban contratos para, supuestamente, evitar la licitación pública, y  adjudicar a dedo  a un empresario, que  realizó obras para un consejero y  un alto directivo del Tribunal; así como el presunto “enchufismo” en la selección de personal del organismo público que fiscaliza las cuentas de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos.