Resulta muy tramposo –populismos aparte- que la clase política, la que manda por delegación de las oligarquías financieras e industriales, ahora planteen unos PGE 2018 basados en la “recuperación económica”, que sin duda desde el 2014 las grandes empresas y los banqueros se han beneficiado de la misma, para plantear medidas electoralistas, en primer lugar, y de “reparto de las migajas” que les sobran a la clase empresarial y rica, en segundo lugar.

Medidas como la subida de pensiones hasta un 3% para el 2018, a la vez que el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las personas que trabajan en lo público para los próximos tres años, no restituyen, ni tan siquiera el poder adquisitivo perdido desde que comenzaron las políticas autoritarias en el 2008, siendo el caso de las personas de la función pública a las que directamente les bajaron los sueldos un 15% de media, a la vez que las pensiones, con excepción de las mínimas, desde el 2010, han sido o bien congeladas o bien incrementadas en el 0,25%.

Los empleos públicos perdidos en educación, sanidad, cultura, dependencia, fueron miles, a la vez que se dejó de invertir en todo lo que significa lo público, para entregárselo al mercado y de esta manera, expoliar recursos públicos.

Nada de esto se revierte, todo lo contrario, “sus propuestas de migajas” se basan en que resulta cuanto menos “poco presentable” –injusticias sociales aparte- que se mantengan el 52% de las pensiones por debajo del SMI; que tengamos unas pensiones no contributivas, muy por debajo del nivel de pobreza y que solamente 1,4 millones de pensionistas, sobre los casi 9 millones, tengan una pensión suficiente y adecuada.

Como resulta absolutamente “tramposo y trilero” que el acuerdo de “rentas y empleos” para los próximos tres años, pactado entre el gobierno corrupto del PP y los sindicatos “del régimen”, oculte la falta de inversión en lo público, la reversión de todo lo externalizado, el fraude masivo en las contrataciones públicas, y la no dignificación del trabajo público.

Sus otras medidas “populistas y electoralistas” basadas en la reducción del IRPF en 1.000 € para familias con menores de 0 a 3 años, ocultan la falta de inversión en la creación de una red de escuelas públicas infantiles que garantice a las familias el compatibilizar realmente la conciliación de la vida laboral y social.

Tampoco hay financiación para dependencia (en el 2017 han dejado de ejecutar 44 millones de euros), ni vivienda social (un 37% menos que el anterior plan), ni financiación para que regresen las personas emigradas (2,5 millones). No existe dotación presupuestaria para terminar con la discriminación (brecha salarial) de género, como tampoco aparece dicha dotación para luchar contra la violencia de género.

El Gasto Público continúa 5 puntos porcentuales por debajo de la media europea, y resulta “sangrante” que, cuando el PIB aumenta el 2,7%, el gasto social solamente lo haga en el 1,1%. No puede ser de otra manera pues nos encontramos con un techo de gasto inferior en 62.000 millones de euros, comparado con el 2010.

La reforma fiscal que ponen encima de la mesa vuelve a ser “garantía” de que el Impuesto de Sociedades (es decir, el impuesto sobre los beneficios de las empresas financieras e industriales o de servicios) seguirá decayendo a cuotas de menos del 50% sobre lo que pagaban en el 2008 y la bajada de impuestos que anuncian (hasta 17.000 €), cuanto menos es un “chiste”, pues no se puede reducir impuestos a la gente que no gana dinero (las personas paradas suponen el 16,5% de toda la población activa y solamente perciben prestaciones el 52% de las mismas) o se encuentra con salarios disminuidos y devaluados, como casi 13 millones de personas asalariadas con salarios entre 12.000 a 14.000 euros anuales.

Y además siguen con el “chantaje” del 155 que tan bien les ha venido a las burguesías nacionalistas (PNV y Convergencia) y a las “españolistas” (PP, C´s, PSOE), para ocultar unos y otros sus vergüenzas, no sólo en las corrupciones en que andan metidos, sino fundamentalmente en las políticas antisociales y de vaciamiento de derechos que llevan aplicando y ejecutando en toda la población del estado español.

Las personas asalariadas, paradas, mujeres, pensionistas, jóvenes… tenemos que dejar de ser súbditas. Pensar que tenemos derechos: sociales, laborales, civiles y, como se ha demostrado en la huelga feminista del 8 de marzo y en las movilizaciones de las personas pensionistas, los derechos se conquistan en la calle y, las migajas, ni tan siquiera para los “perros de los amos”.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT