El gobierno español está a punto de desprenderse de la propiedad y del control de un sector tan estratégico como su red de aeropuertos de interés general, así como poner en manos privadas la mayor inversión pública de la historia de España en la Alta Velocidad ferroviaria, todo ello bajo una opacidad solo comparable a la magnitud del negocio privado al que dará lugar.
Los españoles hemos invertido cerca de 50.000 millones de euros procedentes de nuestros impuestos para construir la primera red europea de Alta Velocidad, por lo que es lógico que sea rentabilizada por operadores públicos. La Unión Europea solo contempla la liberalización de este mercado como muy pronto a partir de 2019, y ni franceses ni alemanes están por la labor de debilitar a su operador público, teniendo claro que privatizarlo no supondrá más seguridad, mejores precios ni más calidad, y lo que sí está claro es que pone a disposición de empresarios privados un negocio de más de 1.000 millones de euros anuales a partir de una inversión pública extraordinaria.
También los españoles hemos invertido muchos recursos en la mejora de nuestra red de aeropuertos, conscientes de la importancia estratégica en una economía muy dependiente de la actividad turística.
Tenemos los mejores aeropuertos de Europa en capacidad relativa y en tecnología.
La gran ventaja competitiva de Aena parte de las sinergias positivas de su funcionamiento en red; es decir, una Aena privada rompería necesariamente la red de aeropuertos, además de elevar las tasas vigentes, que están por debajo de la media europea por razones de interés general, y por lo tanto, se cuestionaría la existencia de muchos aeropuertos que prestan un servicio esencial a la ciudadanía.
Está claro que no hay un beneficio público por ningún lado en la privatización de Aena.
Las consecuencias para el interés de los ciudadanos españoles que hemos pagado la red de aeropuertos de Aena y la red de AVE serán muy negativas. Otras experiencias internacionales de privatización en los servicios ferroviarios se han saldado con menos calidad, mayores precios, peor mantenimiento y más accidentes, y el proceso para hacer Aena más atractivo al inversor privado ya se ha saldado con subidas generalizadas de tasas que han hundido los tráficos en Barajas y que han supuesto el despido del 20% del personal de la compañía y el cierre operativo de decenas de instalaciones construidas con mucho esfuerzo para estimular el desarrollo económico.
Además, todo esto en un momento generalizado de corrupción, en donde empresarios y directivos se están lucrando con dinero público.
No podemos consentir que desmantelen más servicios públicos.
El Estado Español ha invertido miles de millones de euros que han salido de nuestros impuestos.
Por todo lo anterior, CGT ha convocado una concentración ante el Ministerio de Fomento el día 20 de mayo a las 12 horas, en protesta por el desmantelamiento del Sector Público Ferroviario.
CGT-SFF
