El “estado de Derecho”, donde el principio de que todos y todas somos iguales ante la ley, se proclama como su esencia misma, desde el 2012, con la publicación de la Ley Mordaza, no deja de ser una burla y se ha convertido en un “estado de deshecho e injusticia”, para la mayoría de la sociedad civil.

Titiriteros, cantantes, artistas, tuiteros, sindicalistas, activistas sociales…, con la aplicación de la Ley Mordaza, eufemísticamente denominada “Ley de Seguridad Ciudadana”, y con los tribunales “especiales” como la Audiencia Nacional (heredera del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo), estamos siendo masacrados e imputados por el hecho de defender la libertad de expresión, denunciar el robo y desposesión de nuestros empleos y derechos sociales y laborales, de nuestras libertades sindicales, de nuestra libertad para denunciar y poner nombre a los actos de rapiña, explotación y saqueo que la clase empresarial y política vienen haciendo desde su crisis-estafa.

La Ley Mordaza se impuso como un instrumento autoritario y antidemocrático para frenar el conflicto social, ante las políticas de desposesión de todos los bienes públicos y de los bienes esenciales para la vida de la mayoría de la sociedad, con el fin de poder traspasar impunemente dineros y riquezas a la clase empresarial y a los banqueros.

Este estado ha creado toda una arquitectura jurídica para hacer impunes a los verdaderos delincuentes: a quienes utilizan cajas B en la financiación de sus partidos; a quienes arruinan la “banca pública” y llevan un desfalco de más de 40.000 millones de euros; a quienes montan tramas organizadas para hacerse con todas las licitaciones de obras públicas e infraestructuras para enriquecerse; a empresarios que ejercen el “terrorismo empresarial” en las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, con contrataciones masivas ilegales y rebaja de sus salarios hasta convertirles en “pobres”; a quienes utilizando la trama real, usurpan miles y miles de millones de lo público…

Este “Estado de Derecho”, dejó de ser tal y mucho menos “democrático”, desde el mismo momento que modificó el artículo 135 de la Constitución, donde “legaliza y prioriza” el pago de una deuda que no es de la ciudadanía, y sustrae todos los recursos de la educación, de la sanidad, de la ley de dependencia, de las ayudas para acabar con las violencias machistas, de la vivienda, de la ayuda al desarrollo, de la cultura… para entregárselos a banqueros, grandes empresas del Ibex 35 y políticos que entran y salen de los consejos de Administración de las grandes corporaciones.

Casandra, titiriteros, cantantes, sindicalistas…, las personas decentes que solamente tenemos nuestras manos y nuestras cabezas para trabajar y para expresarnos, denunciamos y condenamos no sólo a este Estado “de deshecho e injusticia”, sino a quienes, como la Audiencia Nacional, aplican una legalidad falsa, antidemocrática y absolutamente injusta, manifestando con firmeza que no nos van a doblegar.

DEROGACION INMEDIATA DE LA LEY MORDAZA
¡! LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NUNCA ES DELITO ¡!

El Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT