Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.
La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.
Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.
Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.
Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando "sine die" la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.
La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.
La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.
A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.
Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.
Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.
A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.
El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.
Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.
La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.
