Guardias extraordinarias a todas horas.
Es lo que se puede traducir de la queja del sindicato CGT respecto a la cantidad de servicios no ordinarios que se realizaron el año pasado en el parque de bomberos. El delegado de la sección, Juan Manuel López, lleva años luchando para que se respeten «los descansos obligatorios», se aumente la plantilla de bomberos y el Ayuntamiento vaya eliminando una bolsa de horas extraordinarias que sangra las arcas municipales. En este caso, vuelve a denunciar la situación porque ha contabilizado un total de 16.000 horas extraordinarias en 2014, una cuantía «que vulnera la legislación» y pone en entredicho, a su juicio, la gestión del Gobierno municipal.
López añade que este cómputo sobrepasa «tres veces» lo que marca la legislación laboral. Pero el sindicato no se queda ahí a pesar de que le resulta llamativo que el Ayuntamiento se gastase más de 400.000 euros en guardias extraordinarias. También asegura «que se incumplen con frecuencia los descansos obligatorios entre jornadas», y ahí también responsabiliza a la jefatura del parque, por no respetar «los descansos necesarios en vacaciones».
CGT considera «inaceptable» que en unos tiempos tan delicados económicamente «el Ayuntamiento fomente una política ineficaz y e ineficiente basada en horas extraordinarias» que, en buena parte, «son un pesado lastre que cargarán futuros gobiernos por la elevada edad de los bomberos del parque», puesto que no se ha ido aumentando la plantilla y el envejecimiento de la misma es evidente. Además, el delegado de la sección tiene claro que en estos ocho años de gobierno del PSOE se han empeorado «las condiciones laborales».
El beneficio
CGT también critica la labor del jefe del parque de bomberos. Desde el sindicato se insiste en que «la política de horas extraordinarias sólo le beneficia a él, puesto que «realiza servicios extraordinarios en un puesto y horario diferentes al suyo». Al respecto, el sindicato mantiene desde hace mucho tiempo que el jefe del parque también se sirve de las guardias extraordinarias y las utiliza «como elemento de discriminación, amedrentamiento y acoso a aquellos funcionarios que se atreven a denunciar sus abusos».
fuente: latribunadetoledo.es