Este manifiesto ha sido consensuado por los sindicatos CGT, CCOO, UGT, FeSP e Intersindical Valenciana con motivo de la convocatoria de una manifestación, el 7 de febrero a las 12 horas, desde la Plaza Jacinto Benavente a la Puerta del Sol, en defensa de una radio televisión pública estatal y autonómica de calidad, y contra los despidos en Telemadrid y Canal 9.
CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA:
Desde hace meses estamos asistiendo a decisiones del Gobierno, tanto central como autonómicos, que tienen como objetivo la liquidación de servicios públicos esenciales en la sociedad. Así ocurre con la privatización de la sanidad o la educación y, en estos momentos, con las Radio Televisiones Públicas, auspiciada por el cambio legislativo del actual gobierno, que supuso la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, abriendo las puertas a la gestión privada.
Son claros ejemplos de este exterminio de los medios de comunicación públicos el Expediente de Regulación de Empleo en la RTVV (Canal 9, Radio 9 y el Ente Público) en el que, sin llegar a ningún acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, la Generalitat Valenciana ha empezado a despedir a 1.198 personas, de un total de 1600, y el que se ha planteado en RTVM (Telemadrid, Onda Madrid y el Ente Público) con el que la Comunidad de Madrid destruirá 829 puestos de trabajo de una plantilla de 1.170. Hace muy pocos días, la mayoría de las personas trabajadoras afectadas han recibido cartas de despido y se les ha expulsado de las instalaciones de Telemadrid. Estos son los casos más flagrantes de cómo la mala gestión de directivos corruptos da al traste con los proyectos de muchos y muchas profesionales que han desarrollado productos informativos, culturales y de entretenimiento de alta calidad.
Estas brutales agresiones, junto con los recortes presupuestarios que se están produciendo en todas las cadenas autonómicas o la misma RTVE, son el pistoletazo de salida para acabar con un servicio que son esenciales e imprescindible en términos de rentabilidad social e independencia informativa.
El servicio público estatal y autonómico de radiotelevisión y servicios interactivos son cruciales para salvaguardar la diversidad y la identidad cultural y lingüística, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el propio funcionamiento de la democracia.
El actual escenario de crisis económica no debe servir de justificación para entregar a grupos políticos y empresariales privados un servicio público de gran valor social, ya que si este servicio fundamental se privatiza, se pondrá en riesgo el derecho de la ciudadanía a una información pública, veraz y de calidad, recogido en la Constitución Española y se perderá la custodia del fondo y archivo audiovisual estatal y autonómico.
Se ha demostrado, además, que el modelo de privatización y concesión a empresas privadas de las televisiones públicas autonómicas, puesto en marcha en Murcia, Canarias, Aragón o Castilla y León, y ya aplicada en origen en IB3 y la RTV canaria, no es viable social ni económicamente. No solo no ha garantizado una televisión de calidad, sino que tampoco ha reducido costes. Inmersas en procesos de despido colectivo (como es el caso de RTVCyL) e incluso de cierre (la televisión murciana ha dejado de emitir temporalmente), a pesar de la precariedad laboral de sus plantillas, no han proporcionado el servicio público de radiotelevisión costeado a través de los presupuestos generales de sus respectivas comunidades autónomas. Ha servido sólo para incrementar y profundizar las redes de corrupción tejidas en torno a la radiotelevisión y a diversos gobiernos autonómicos.
Otro modelo de televisión pública es posible. Un modelo en el que se racionalice el gasto dando prioridad al servicio público y al mantenimiento del empleo, en el que la información veraz y de calidad sustituya a la manipulación partidista y donde los intereses de la ciudadanía primen sobre los de los lobbies empresariales y grupos políticos. En este sentido, rechazamos expresamente los informes de viabilidad encargados a grandes consultoras, como Price‐ Waterhouse, Deloitte, Cuatrecasas o KPMG, pues carecen de neutralidad y transparencia para emitir valoraciones sobre el funcionamiento de empresas públicas que desconocen, y actúan bajo la presión de otros clientes ligados a los intereses de la radio televisión privada.
Por todo ello, los abajo firmantes exigimos la retirada de los Expedientes de Regulación de Empleo y el cese de los despidos en RTVM y RTVV, así como la retirada de las medidas de recorte y precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación públicos. Igualmente reclamamos que se garantice la viabilidad de éstos y sus principios fundacionales, negociando planes alternativos basados en la reducción de costes por medio de la producción propia interna y la internalización de servicios; controlando el gasto y limitando el número y las retribuciones de los equipos directivos, con una financiación estable, a través del contrato‐programa u otras fórmulas, que permita la continuidad y sostenibilidad del servicio público de comunicación.
Así mismo, expresamos nuestra voluntad de defender la existencia de una radiotelevisión pública que:
Disponga de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad; que proporcione una información veraz e independiente, que respete el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas, garantizando el acceso universal a la cultura, al entretenimiento y a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital.
SIN INFORMACIÓN NO HAY DEMOCRACIA
