La Administración tiene la obligación de ofrecer los medios necesarios para que ninguna persona quede sin atención adecuada. Es imprescindible mantener personal de atención directa al público.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) queremos manifestar nuestra preocupación ante la desatención que sufren millones de ciudadanas y ciudadanos en el Estado español por falta de atención presencial en oficinas de servicio público. Hoy en día, Internet es un mecanismo imprescindible para agilizar trámites que la ciudadanía tiene que hacer con la Administración Pública. Pero los recortes en puestos de atención personalizada y la baja tasa de reposición ha dado lugar a bolsas de exclusión social que afectan a diversos sectores de la sociedad. En particular, deja fuera del sistema a personas mayores, migrantes con poco dominio de las lenguas oficiales, ciudadanas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad o habitantes de zonas rurales con deficiente conectividad.
Ante esta coyuntura, desde FETAP-CGT exigimos a la Administración Pública que asegure la atención presencial en todas las oficinas de empleo, servicios sociales, hacienda, atención médica, etc. La Administración tiene la obligación de ofrecer los medios necesarios para que ninguna persona quede sin la atención adecuada. Esto pasa por mantener personal de atención directa al público, cesando la dinámica, que inició hace años de ir reduciendo personal y sobrecargando al que mantiene. El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) en una encuesta de 2022 sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares apuntaba ya a esta circunstancia.
Según el INE el pasado año, casi dos millones trescientas mil personas no solicitaron un documento oficial o reclamación, a pesar de tener necesidad de hacerlo, en la Administración Pública. De ellas, un 36,4% de las personas encuestadas manifestaba no realizarlo por falta de habilidades o conocimientos. En comunidades como Extremadura el 48,9% manifestó no hacerlo por este motivo. Otras comunidades con un porcentaje superior al 40% son Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha y Navarra.
Para nuestro sindicato, los servicios públicos no pueden evaluarse bajo criterios mercantiles, sino por calidad y utilidad, con herramientas accesibles al conjunto de la ciudadanía, pautas de consulta adecuadas y medios digitales abiertos, de libre acceso y prácticos. Desde CGT y FETAP vamos a denunciar cualquier proceso de supresión de puestos de atención personalizada y vamos a exigir la facilitación de las gestiones administrativas desde prácticas no excluyentes. Para evitar la segregación social en función de las habilidades digitales.
Fuente: CGT Y FETAP
