CGT denunciamos, en su momento, que el Programa de Estabilidad 2014-2017 que el PP remitió a Bruselas a finales de abril, fijaba una rebaja sustancial en el gasto público de unos 5 puntos del PIB, unos 7.000 millones de euros, al continuar con la congelación de los sueldos de todas las Administraciones Públicas, seguir con la tasa de reposición  0 en el empleo público, además de reducir los consumos intermedios.

A la vez, el recorte del gasto abarca también en el período 2013-2017 a las prestaciones sociales, las de desempleo en unos 6.000 millones y las pensiones en unos 3.000 millones.

Y además este recorte “bestial e inhumano” se hace en un contexto donde el crecimiento del coste de la deuda incrementará los intereses en 8.700 millones de euros hasta el 2017, suponiendo que se van a pagar en el periodo 2012-2017 nada menos que 196.791 millones de euros de intereses de una deuda que no es legítima y tampoco es pública.

La situación de emergencia social que vive nuestro país: 13 millones de personas en riesgo de pobreza, 6 millones de personas desempleadas donde 4 millones no perciben ninguna prestación social, y la impunidad total de las grandes corporaciones empresariales y los poderosos, ante un sistema fiscal y político corrompidos desde su esencia, con la nueva contra-reforma del PP tiene serias perspectivas de agravarse sustancialmente.

El PP, desde que llegó al poder (noviembre 2011), ha seguido “fielmente” las políticas del Banco Mundial, el FMI, el BCE y la Comisión Europea: privatización y recorte de servicios públicos y prestaciones sociales; desregulación indiscriminada de los mercados laborales; rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y reducción de la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.

En esta contra-reforma anunciada para el 2015/2016, la progresividad es la "gran perjudicada" al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF. Pero ¿quiénes son los beneficiarios y ganadores de la misma? Según el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), no más de 73.000 contribuyentes. Por el contrario, los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa, ya que actualmente no tributan.

La trampa se encuentra en que “la rebaja en el primer tramo de la escala del IRPF y el aumento de las cuantías de los mínimos personales y familiares afectan a todos los contribuyentes por igual, por lo que los 8,8 millones de ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros amortiguarán el impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con un aumento de sus tipos de entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente”.

La bajada de la tributación de rentas del capital, es un reparto de los beneficios y de la riqueza social, a la inversa: los ricos, cada vez más ricos. “Afecta negativamente a la progresividad porque quien obtenga más de un millón de euros en dividendos pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros”.

En cuanto a la rebaja del Impuesto de Sociedades, sólo beneficiará a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, sobre todo las del Ibex 35, que en la actualidad su tributación real se sitúa en una media del 3,5%, ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000 millones.

La reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de1986 (por la que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario), los Sistemas Universales de Prestaciones y Servicios Públicos, son imposibles de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado, es decir, todos y todas contribuyen y cada quién en función de sus ingresos.

Las políticas de “robo y expoliación” de rentas salariales, de rentas de pensiones, de desmantelamiento de todo lo público y especialmente de los derechos esenciales: educación, sanidad, cuidados, dependencia, cultura, energía, comunicaciones, transporte, etc., están condenando a la mayoría de la sociedad a una vida precaria, al reino de la ilegalidad (trabajar en la economía sumergida) y a un modelo social para la mayoría de la población sin protección social, sin pensiones, sin prestaciones por enfermedad, sin prestaciones por desempleo.

Una sociedad sin servicios públicos o de muy mala calidad, escasos y sin protección universal de los mismos, donde la educación infantil, la atención a la dependencia y los cuidados, sean inexistentes y, “quien los quiera que los compre”. Se entrega a la población  al “mercado” y de ahí a la pobreza social, material y afectiva.

CGT seguirá insistiendo: las soluciones solo pueden venir de la movilización social. Hay que pararles cada día, en cada despido, en cada persona que es desahuciada de su vivienda, en cada robo que nos hacen con cada euro que pagan de la “deuda ilegitima de los banqueros y grandes corporaciones empresariales”, en cada cama de hospital que cierran, en cada línea ferroviaria o aeroportuaria que “regalan a sus amigos ricos”, en cada profesor/a que impiden enseñar en la pública, en cada persona que muere abandonada y en soledad porque “los dineros públicos de los cuidados” se los entregan a los banqueros…

CGT llama a la desobediencia CIVIL y a preparar una Gran HUELGA GENERAL Laboral, Social  y de consumo entre todos y todas, que sea determinante para cambiar esta situación en favor de la mayoría social.

LA ÚNICA SOLUCION ES LA MOVILIZACIÓN

Secretariado Permanente del Comité Confederal CGT