La Ley de Mutuas Patronales, ese arma de destrucción masiva de la salud de las personas trabajadoras, ya es un hecho desde el 1 de enero de 2015”.
El Gobierno del PP, enemigo número uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vuelve a mostrar el más absoluto desprecio hacia uno de los derechos esenciales de la vida: la salud, en este caso la salud laboral, la cual se convierte en un artículo de lujo y por consiguiente, privativo de las clases altas y poderosas (empresarios, políticos, ejecutivos, directivos).
La Ley se constituye sobre tres principios, absolutamente opuestos al principio de garantizar siempre la salud y estos son:
Primero: Conciben a las personas trabajadoras enfermas por el hecho de trabajar, como auténticos delincuentes, los cuales son siempre presumiblemente sospechosos de cometer fraude, intentando escaquearse de su obligación de trabajar.
Por lo tanto y basado en esta concepción, la Mutuas Patronales se convierten en gestoras de todas las bajas, bien por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, bien por Incapacidades Temporales por contingencias comunes. Su misión vigilar y castigar.
Segundo: El sistema público de salud, los y las profesionales de la medicina, que acceden al trabajo por concurso público donde se valora sus méritos y su capacidad, se ve cuestionado profesional y médicamente, dejando en manos del mercado privado (medicina privada) la capacidad para determinar si una persona trabajadora se encuentra enferma o no y, ahí, los criterios del mercado (rentabilidad, productividad) primarán sobre la realidad de la salud.
Todas las Empresas vienen obligadas a contratar los servicios de una Mutua, debiendo ingresar un porcentaje del salario de cada persona trabajadora a la Tesorería de la Seguridad Social. Por lo tanto si bien las aportaciones las realiza la Empresa, no olvidemos que son rentas del trabajo de los y las asalariados y asalariadas. Cuando nos “accidentan”, cuando nos causan una enfermedad profesional” los patronos, la Mutua tiene la obligación de correr con los gastos de nuestro restablecimiento y, en consecuencia, cuanto más acorten el período de recuperación, cuanto más disminuyan el tiempo de la baja, cuantos menos recursos tengan que utilizar (pruebas, consultas, terapias, etc.), cuantas menos muertes por enfermedades profesionales existan, más beneficio para la Mutua. ¿Qué tiene que ver esto con la garantía de la salud? Nada, absolutamente nada.
Tercero: La privatización de la salud laboral, se deja en manos de los gigantes de capital riesgo (fondos buitres), los cuales copan el mercado de las sociedades de prevención. Gigantes sanitarios como IDC Salud, anteriormente llamado Capio, está controlado por el fondo de capital riesgo CVC, llegando a copar más del 30% de todo el “mercado de la prevención”, con una facturación cercana a los 300 millones de euros, más de 154.000 empresas clientes y controlando y vigilando la “salud” de 4,5 millones de trabajadoras y trabajadores.
CGT se opone y se opondrá en la calle y en toda la red sanitaria a esta “ley de mutuas de destrucción masiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras” y lucha y luchará por un SISTEMA DE SALUD PUBLICO, UNIVERSAL Y SUFIENTE para todos y todas.
