La Confederación General del Trabajo ha ingresado el importe de 20.000 €, exigido por el juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, para poder personarse en las diligencias previas relativas al “caso Bankia”, como parte acusadora, ejercitando la acción particular.

El sindicato CGT tiene representación e implantación en las entidades en las cuales se han producido los hechos objeto del procedimiento y entiende que han resultado perjudicados los trabajadores de dichas entidades, derivándose unas consecuencias negativas directas para éstos, tanto como trabajadores de las mismas, como ciudadanos que forman parte de la sociedad.

CGT entiende que las circunstancias procesales han cambiado, en la medida en que hechos inicialmente no incluidos en la querella, como son las posibles actividades delictivas respecto de productos preferentes y/o subordinados o los gastos realizados por medio de las denominadas como tarjetas opacas, y que hacen que esta entidad tenga aún mayor necesidad del ejercicio del derecho de la acción penal.

El sindicato ha defendido que las prácticas antisociales, no sólo las corruptelas que se han ido descubriendo a lo largo de este tiempo, sino, fundamentalmente, las políticas y prácticas económicas y laborales llevadas a cabo por sus órganos directivos respecto de vivienda, créditos hipotecarios, inversiones o la captación de fondos por medio de productos preferentes, subordinados y otros productos complejos no podían quedar impune.

Por último, CGT declara que deben exigirse responsabilidades penales respecto de los hechos objeto de la querella y fruto de la posterior instrucción del “caso Bankia”.

GABINETE DE PRENSA CONFEDERAL DE LA CGT