El Gobierno, enemigo número uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vuelve a mostrar el más absoluto desprecio hacia uno de los derechos esenciales de la vida: la salud, en este caso la salud laboral, la cual se convierte en un artículo de lujo y, por consiguiente, privativo de las clases altas y poderosas (mundo empresarial, político, altas direcciones y ejecutivas).

La Ley 35/2014 de Mutuas se constituye sobre dos principios, absolutamente opuestos al principio de garantizar siempre la salud:

Primero: Conciben a las personas trabajadoras enfermas por el hecho de trabajar, como auténticas delincuentes, las cuales son siempre presumiblemente sospechosas de cometer fraude, intentando escaquearse de su obligación de trabajar.

Por lo tanto y basado en esta concepción, la Mutuas Patronales se convierten en gestoras de todas las bajas, bien por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional, bien por Incapacidades Temporales por contingencias comunes. Su misión vigilar y castigar.

Segundo: El sistema público de salud, los y las profesionales de la medicina, que acceden al trabajo por concurso público, donde se valoran sus méritos y su capacidad, se ve cuestionado profesional y médicamente, dejando en manos del mercado privado (medicina privada) la capacidad para determinar si una persona trabajadora se encuentra enferma o no y, ahí, los criterios del mercado (rentabilidad, productividad) primarán sobre la realidad de la salud.

La Ley, da un paso más en esa “carrera a ninguna parte” que los gobiernos liberales han emprendido de privatización de todo lo público, violando los principios de equidad, universalidad y eficiencia para todas y todos.

Volvemos a una concepción de la Seguridad Social “franquista”, donde se dualiza el sistema de Sanidad Público: uno privado (mutualizado) para trabajadores y trabajadoras cotizantes y otro público cuasi descapitalizado que se asemeja a la beneficencia.

El saqueo de lo público en esta Ley es preclaro: traspaso de fondos públicos, bien provenientes de las cotizaciones, bien de las pruebas de diagnóstico y de tratamiento, a la vez que se “autonomiza” la gestión de las propias mutuas, las cuales se regirán solamente por principios de ahorro de costes y rentabilidad.

CGT se opone y se opondrá en la calle y en toda la red sanitaria a esta “ley de mutuas de destrucción masiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras” y lucha y luchará por un SISTEMA DE SALUD PÚBLICO, UNIVERSAL Y EFICIENTE para todos y todas.