Víctor Tormo, afiliado a la CGT, sección sindical de enseñanza en Castellón, se enfrenta a 3 años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización por publicar en su Facebook una foto de policías secretas.

En septiembre de 2012, Víctor participó en un piquete en la Universidad Jaume I (UJI), contra los recortes en educación, aprovechando la presencia de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana. La protesta estudiantil se saldó con la retención y detención de más de veinte personas. En respuesta a dicha actuación policial desmesurada se convocó, por el Consell de l'Estudiantat de la UJI, una manifestación antirrepresiva al día siguiente. La manifestación transcurrió sin incidentes y de forma pacífica.

Una vez finalizada la manifestación, y mientras la mayoría de los manifestantes que habían participado en la misma se encontraban en las terrazas de la plaza de la Muralla Liberal de Castellón, un grupo de policías nacionales de paisano, y sin identificarse en ningún momento como policías, realizaron identificaciones de forma masiva e indiscriminada. Víctor Tormo, considerando que se trataba de una actuación policial antirreglamentaria, les requirió para que se identificaran.

Ante la negativa de los agentes, y con el único fin de denunciar una actuación que entendía era arbitraria y de abuso de poder, Víctor Tormo subió una foto al facebook en la que informaba que individuos con pinta de policía secreta estaban intimidando a jovenes en las terrazas como medio de acallar las protestas ciudadanas.

Transcurrida una semana, Víctor Tormo, fue detenido y acusado de un presunto delito de revelación de secretos.
La Fiscalía el pasado 20 de enero, solicitó el archivo de la causa al considerar que no existe delito y que ser policía no es un secreto, sin embargo la acusación particular de ocho policías nacionales, personados en la causa como “perjudicados” recurrieron el archivo y solicitan 3 años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización.

El juzgado de instrucción número 2 de Castellón, dando la razón a los policías, ha decretado apertura de juicio oral contra Víctor Tormo, basándose únicamente en la acusación particular de 8 policías nacionales.

“Se trata de un juicio político, a instancias del subdelegado del Gobierno y del Jefe de la Policía”, considera Tormo, ya que sus datos aparecen en archivos policiales como participante en manifestaciones y actos de izquierda, y así consta en el atestado policial, lo que demuestra que el subdelegado del Gobierno, David Barelles, ordena ficheros policiales con datos de manifestantes, con el fin de reprimir los movimientos sociales y de protesta.

Víctor espera fecha de juicio. La estrategia es evidente, las autoridades buscan una sanción ejemplarizante que sirva como disuasión a quienes participan en protestas, reprimir la disicencia. La represión contra la disidencia se endurece y se extiende, con multas, con amenazas de cárcel que son un auténtico disparate.

No nos callarán! No tenemos miedo!

CGT País Valencià