La Delegación de Gobierno de Madrid pide 600 € a cada una de las 28 activistas antimilitaristas que el pasado 28 de junio de 2022 participaron en una acción directa noviolenta en la sede de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra (Madrid), que convirtieron en Escuela de Paz.
Un nutrido grupo de activistas antimilitaristas y pacifistas de un amplio rango de edad, enfundado en amenazantes babis escolares, se reunió para pintar consignas a favor de la paz y en contra de la OTAN en esta instalación militar, desplegar dos pancartas y realizar bailes y cánticos infantiles alusivos. En la acción directa, promovida por Desarma Madrid, participó gente venida de diversas partes del Estado español pertenecientes a Alternativa Antimilitarista.MOC, Ecologistas en Acción, Mujeres de Negro contra la Guerra Madrid, Yayoflautas Madrid, CGT, BDS Madrid, Fridays For Future y CSOA La Enredadera. Esta inocente acción se hizo coincidiendo con la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid.
Mientras que el Ministerio de Defensa ha renunciado a presentar ningún tipo de denuncia, es sorprendente que sea la Delegación de Gobierno de Madrid la que tome cartas en el asunto y comience un proceso sancionador por un supuesto deslucimiento de bienes inmuebles de uso público. Sorprenden los motivos de la sanción cuando, en primer lugar, la fachada quedó bastante más bonita y amable de lo que era; en segundo, la institución militar no consideró que la actuación de las activistas fuera digna de denuncia; y en tercer lugar, el Ayuntamiento de Madrid se dio una prisa en limpiarlo que no se da en la limpieza viaria diaria. Escasas horas después, estaba todo impoluto.
Durante los días de la Cumbre la ciudad de Madrid se vio cercada por un desmedido despliegue de seguridad para proteger a los altos cargos de una de las instituciones internacionales más militarizadas, la OTAN. Esto es significativo del rechazo social que genera. Además ha supuesto un gasto para las arcas públicas desmedido, gasto que sigue corriendo gracias a las actuaciones legales que se están llevando a cabo. Nos preguntamos si estas propuestas de multa también responden a la intención de rellenar el agujero que este evento ha causado en los fondos del Estado.
La actuación de la Delegación de Gobierno se enmarca en el contexto actual de represión de la protesta, facilitada por la Ley Mordaza, que permite sancionar y perseguir protestas pacíficas como la llevada a cabo en la Escuela de Guerra. Se ha sancionado indiscriminadamente a 28 activistas acusándoles en la mayor parte de los casos de presuntos delitos que no cometieron.
Los militares dan un paso atrás, a sabiendas de su impopularidad, y las instituciones civiles se prestan a hacerles el trabajo sucio. La Delegación de Gobierno sí desluce con su comportamiento, no las activistas. Mientras la institución castrense se esconde, las activistas, desde sus posiciones noviolentas y siguiendo los principios de la desobediencia civil, asumen las consecuencias de sus actos, pero no de los que no cometieron. Por ello, se comprometen a llevar este proceso tan lejos como haga falta, con el apoyo jurídico de las compañeras de Legal Sol, conscientes de que las multas solo tienen por objeto la represión y desalentar a otras activistas de salir a la calle a protestar.
Seguiremos protestando, porque lo cierto es que la guerra empieza aquí¸con su preparación, el desmedido presupuesto militar y los recursos técnicos, tecnológicos y humanos destinados a sostenerla, y aquí es donde hemos de pararla. Nos seguiremos encontrando en las calles.
Fuente: Desarma Madrid
