Artículo de opinión de Rubén Oneca Erro y Maite Cisneros Rodríguez, trabajadoras/es de Osasunbidea y afiliadas/os a CGT/LKN-Nafarroa
El pasado día 17 de octubre se llevaron a cabo distintas movilizaciones en decenas de pueblos y barrios de todo el estado en defensa de la Sanidad Pública y en contra de los procesos de privatización de la misma. La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), no se quedaba en el eslogan genérico, incluso vacío en ocasiones, en pro de una sanidad pública. Apuntaba de forma específica a la derogación del marco normativo que hace posible que hoy en día la salud sea un negocio para determinados grupos empresariales y financieros.
Por una parte, está el art.90 de la Ley General de Sanidad que es el que permite el modelo de concertación que, por ejemplo, hoy en día padecemos en Navarra. A nadie se le escapa que poco tiene de coyuntural la concertación de la prestación de determinados servicios cuando dicha actuación se viene prolongando durante décadas sin que quienes han gestionado el sistema público hayan tratado de avanzar en la asunción de dichos servicios directamente desde la red pública. En ocasiones, como ocurre con las resonancias magnéticas o con los quirófanos, ni siquiera se saca todo el rendimiento al equipamiento e instalaciones de titularidad pública. Así, la concertación supone una sangría constante de recursos económicos públicos y el sostenimiento de un sector privado que se lucra de las necesidades de salud de la población y que trata de ampliar constantemente sus espacios de actuación, su cuota de mercado.
Por otra parte, tenemos la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite que empresas privadas puedan gestionar centros sanitarios y sociosanitarios dentro del Sistema Público. Se trata de cesiones a cambio de la construcción y gestión de los centros cuyo coste final resulta muy superior que hacerlo de forma directa. Además el servicio que se ofrece, valga el ejemplo de Madrid, es de peor calidad pues cuentan con plantillas muy mermadas y se aplican criterios economicistas a la hora de dar atención, todo ello en aras del beneficio empresarial. Este modelo se ha extendido ampliamente en todo el estado a lo largo de los años y aunque en Navarra en el terreno meramente sanitario no padecemos este modelo de gestión, tenemos muy reciente la experiencia de Mediterránea de Catering con sus desastrosas consecuencias a nivel económico y de calidad. Otra amenaza que posibilita esta Ley 15/97 es la implantación de las llamadas Unidades de Gestión Clínica que pueden llevar a la fragmentación de los servicios de la red pública en una especie de pequeñas empresas reguladas por lógicas de mercado, que en algunas comunidades ya son una realidad.
Es la sanidad pública una valiosísima herramienta que tenemos como sociedad para garantizar un derecho como la salud desde la igualdad y la universalidad, valores en grave peligro hoy en día. Su defensa y mejora pasa por atajar las causas últimas de su deterioro, pasa por la derogación de las normas que la debilitan en beneficio del sector privado. Los enormes retos a los que nos enfrenta la pandemia de Covid 19 no hacen sino empujarnos a exigir con mayor decisión reformas de calado que blinden el sistema sanitario público pues, realmente, nos va la vida en ello.
Rubén Oneca Erro
Maite Cisneros Rodríguez
Trabajadoras/es de Osasunbidea y afiliadas/os a CGT/LKN-Nafarroa
