Partirá de Zocodover al Tránsito donde se leerá el manifiesto

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES EN CASTILLA-LA MANCHA

La situación actual de impago de los convenios por parte de la Junta de Comunidades está generando una situación de desprotección en personas, familias y colectivos que dependen de la actuación de las y los profesionales de los Servicios Sociales que se hace insostenible. Mancomunidades, ayuntamientos, asociaciones y ONGs no pueden adelantar indefinidamente el dinero que la Junta de Comunidades debía haber ingresado en su totalidad a fecha 30 de junio. Centros cerrados o a punto de hacerlo, recursos perdidos, imposibilidad de desplazamientos para la atención de las personas en los municipios más pequeños. Este es el panorama que la falta de financiación genera. Pero detrás de esto se encuentran, no lo olvidemos, personas y familias concretas, que necesitan estos servicios.

El Estado Social es un sistema que se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Si estamos en un Estado Social, es precisamente en épocas de crisis económicas cuando el Estado debe proteger a los más débiles de las consecuencias de estas crisis, precisamente para no establecer dos tipos de ciudadanía dependiendo del poder adquisitivo de bienes y servicios de cada persona, familia o colectivo.

Los recortes que las distintas administraciones vienen haciendo y amenazan con endurecer en prestaciones y recursos sociales (incluidos los de personal) no son propios de un Estado Social. Se podrá recortar de otras partidas presupuestarias, seguro, pero cuando hay cada vez más personas sufriendo situaciones de carencia, de exclusión, dificultades de integración y de acceso a los servicios normalizados, el sistema que atiende a estas personas, familias y colectivos debe ser reforzado y no mutilado.

Y ese sistema no es otro que el sistema público de servicios sociales. No es una cuestión sin importancia que hasta los propios políticos responsables de las políticas sociales hablen de “gasto” cuando se refieren a “lo social” y de “inversiones” cuando se refieren a otras cuestiones. No es baladí que el AVE sea una inversión y un Centro Social sea un gasto. Si alguna vez se especifica en los medios de comunicación y en los discursos qué es el gasto social, de qué se compone ese gasto, vemos cómo en un mismo saco se juntan los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales con demasiada frecuencia. De esta manera, una sola cifra da la sensación de un esfuerzo enorme, ya que esta cifra necesariamente tiene que ser grande.

Si de esta cifra quitamos los presupuestos de los sistemas educativo y sanitario, nos da la idea real del peso que aún tiene en nuestra sociedad el sistema de los servicios sociales (los que deben garantizar los derechos que se suponen en un Estado Social para quienes tienen más dificultad para disfrutarlos). Nos intentan engañar con las cifras. No nos dejemos engañar. El Sistema Público es el único que garantiza la universalidad de los derechos, la igualdad de acceso y de trato, la no discriminación por razón de posición social, clase social o estrato de cada persona.

Cada vez que un recurso se privatiza de una u otra manera, estamos perdiendo garantías del cumplimiento de los derechos fundamentales como ciudadanas y ciudadanos. Por otra parte, el Sistema Público es el único que garantiza no sólo que no se dejen de prestar los servicios (sobre todo al no ser considerados económicamente rentables), sino que es garante de la calidad de los mismos. Habrá que mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas para que este nivel de calidad sea cada vez mayor y siempre aceptable, optimizando recursos y prestaciones sociales.

Las y los profesionales de los Servicios Sociales Públicos reclamamos no sólo que la Junta de Comunidades se ponga al corriente de pagos de los convenios firmados para este año, sino el firme compromiso no solo de mantener, sino de aumentar la dotación presupuestaria para el año que viene y los siguientes para poder atender las situaciones de necesidad y exclusión que la crisis económica está generando. Exigimos dignidad en el trato que recibimos como profesionales, ya que el hecho de no disponer de recursos materiales y humanos suficientes hace que nos hayamos resignado a trabajar con recursos insuficientes y servicios mínimos, cuando no por debajo de estos mínimos, convirtiendo esto en habitual. Queremos, en definitiva, frenar el desmantelamiento y privatización que de los Servicios Sociales Públicos se viene haciendo en los últimos años y recuperar como elemento fundamental la defensa de los derechos de aquellos que no pueden defenderse por si mismos, ya sea por falta de autonomía, de recursos económicos o por razones de exclusión y marginación social.